El presidente del Colegio de Odontólogos de Santa Cruz, Luis Eceiza, habló de la situación que viven los profesionales, quienes han resuelto el corte del servicio para todas las obras sociales, avalados por el Círculo de Odontólogos de Zona Norte y por la Asociación de Odontólogos en Zona Sur, ante la negativa de las prestadoras de abonar los materiales de bioseguridad dispuestos por el nuevo protocolo COVID. Además, existe un importante retraso en la actualización de las tarifas.

La actividad de los odontólogos es una de las tareas médicas de más alto riesgo de contagio ante la pandemia de Coronavirus, ya sea por la cercanía con los pacientes o por el instrumental que utilizan, y si bien desde el inicio de la pandemia muchos los odontólogos se dedicaron a la atención de urgencias, otros debieron cerrar sus puertas ante la imposibilidad de adquirir los insumos necesarios para la protección, situación que por estas horas también ha puesto en jaque la atención en la provincia, ya que si bien la atención privada funciona, los profesionales han decidió cortar la atención a todas las obras sociales ante la negativa de afrontar los elementos de bioseguridad requeridos por protocolo. Vale la pena mencionar que la decisión fue avalada por la Asociación de Odontólogos en Zona Sur, y el Círculo de Odontólogos en Zona Norte, situación que derivó en la intervención del Colegio de Odontólogos de Santa Cruz, justamente encargada de la regulación de la práctica profesional en la provincia.

Desde el pasado 4 de mayo los profesionales comenzaron con la atención “bajo estrictas medidas de bioseguridad”, inició su repaso ante TiempoSur, el presidente del Colegio de Odontólogos de Santa Cruz, Luis Ezeiza, quien explicó que “el protocolo permite en una jornada de trabajo la atención de 4 personas, ya que entre paciente y paciente debemos tener una espera de 1 hora y media, más allá de los descartables, los barbijos N95, hay que desinfectar y ventilar los espacios, lo que hace que la atención disminuya al máximo”, lo que deriva en una crítica situación, ya que, según explica Ezeiza, “antes de la pandemia un odontólogo para poder subsistir con las obras sociales y el sistema o las empresas de medicina prepagas, tenía que atender entre 12 y 15 pacientes por día, pero hoy no se puede hacer más la atención masiva que se hacía antes para compensar el desfasaje en los valores de las obras sociales que son históricos y el retraso en el pago”.

Foto: Christian González / TiempoSur

El valor de la prestación se divide en gastos y honorarios, pero “con la inflación y la disparada del dólar, los gastos empiezan a aumentar y los honorarios son cada vez menos, por eso en vez de atender de manera normal a 7 u 8 pacientes, en una jornada atendíamos 12 o 15 para compensar, pero hoy se redujo eso a 4 pacientes, por lo que la diferencia es mayor. Hasta antes de la pandemia, si bien la situación era difícil, el sistema se sobrellevaba, ya la situación era bastante crítica”.

Para continuar, Ezeiza hizo hincapié en que, al retraso tarifario, que puede llegar al 70% en algunas obras sociales, hoy se suma por resolución la utilización de materiales de bioseguridad que en muchos casos las obras sociales intentan desconocer, ofreciendo un pago porcentual o directamente negándose a pagarlos, lo que ha derivado en una odontología en “terapia intensiva”, con el corte del servicio para todas las obras sociales y la intervención del colegio provincial como mediador. Su presidente manifestó que hoy los costos están muy por debajo del “valor mínimo ético” y ejemplifico: “Una consulta te la pagan cuatrocientos pesos y los elementos de bioseguridad superan los mil pesos, entonces no cierran los números”.

Consultado sobre la situación particular de la Caja de Servicios Sociales, el profesional explicó: “La función del Colegio de Odontólogos es mediar con todas las entidades. La verdad que con el interventor Fabio Vásquez nos hemos reunido varias veces, estamos en una conversación positiva, entiende la situación y esta semana, calculo, nos vamos a volver a reunir. Con las obras sociales privadas más importantes cuesta más la negociación y muchas veces sus valores están por debajo de la obra social provincial, pero también estamos avanzando en la negociación”, cerró.

En este contexto, los ciudadanos deben hacer frente a sus atenciones de manera particular, y si bien los profesionales realizan la facturación correspondiente, luego a los beneficiarios se les dificulta el cobro del reintegro, quedando inmersos en una discusión entre las partes.